Dos tareas urgentes:
Construir un frente único para la lucha contra el usurpador

Edgard Sánchez Ramírez* / Bandera Socialista / Febrero 2007

Desde abajo se levantan muchas voces exigiendo la unidad en la lucha contra el gobierno usurpador y su política neoliberal y antipopular. Los dos elementos se complementan.

No se trata simplemente de un llamado a la unidad porque la pregunta es ¿unidad para qué? ¿En torno a qué? Para lograr la mayor unidad y efectividad es que la unidad no debería ser simplemente en torno a algunas demandas inmediatas sino en torno al principal eje político: la lucha contra el gobierno usurpador de Felipe Calderón. Pero para lograr esta unidad es que se requiere construir un frente único que integre a todas las fuerzas y movimientos hoy en lucha respetando su autonomía y perfil propios.

La política hambreadora y antipopular de un gobierno fraudulento.

La novedad en la situación actual no es simplemente la continuidad del neoliberalismo, sino el hecho de que la derecha en nuestro país no ha dudado en violentar cualquier marco democrático –por limitado que fuera- para asegurar esa continuidad de la política neoliberal sostenida por los anteriores gobiernos. Es decir, por medio del PAN la derecha intenta imponer fraudulentamente un gobierno que asegure esa continuidad. El discurso de la derecha según el cual en México, América Latina y el mundo la disyuntiva está entre la dictadura y la democracia identificada con el régimen de libre mercado es falaz e hipócrita. Incluso Lula con un gobierno que no cuestiona a fondo el marco neoliberal le ha respondido correctamente a Calderón y su insidioso ataque contra Hugo Chávez en Davos recordándole que Chávez, a diferencia por cierto de Calderón, ha refrendado su mandato en las urnas hasta 5 veces.

Pero lo más significativo de esa falsa disyuntiva que plantea Calderón es que en realidad los gobiernos neoliberales –con todo y su palabrería sobre la democracia- están cada vez más enfilados a desmontar o abiertamente violar derechos democráticos previamente conquistados y reconocidos constitucionalmente aun en el marco del capitalismo. El fraude electoral en primer lugar es lo más significativo ya que para ellos la piedra de toque central de la democracia es precisamente la democracia electoral. Pero no es sólo la democracia en el terreno electoral el objetivo a ataque por la derecha neoliberal, sino más ejemplos de libertades democráticas. En Estados Unidos, donde George Bush mismo llegó a su primer mandato en medio de un fraude electoral operado sobre todo en Florida por su hermano, esta ofensiva antidemocrática continúa en diversos niveles incluidas las reformas legales que les facilitan recurrir a la tortura a los presos.

De manera similar en México, Felipe Calderón es impuesto por medio de un fraude electoral y de inmediato continúa con la política autoritaria y represiva que ya venía desde finales del Gobierno de Fox evidenciada en los casos de SICARTSA, Atenco y Oaxaca, así como por la responsabilidad que tienen ante crímenes industriales como el de Pasta de Conchos o el creciente fenómeno del feminicidio no sólo en Ciudad Juárez. Esta política represiva y autoritaria, por tanto, va violando derechos democráticos previamente reconocidos. Es el caso de las crecientes agresiones a defensores de derechos humanos, o nuevamente, como en Atenco, el trato a los presos políticos sometidos desde tortura hasta violaciones y agresiones sexuales a mujeres y hombres presos, pasando por el traslado a los presos -como en la época porfirista- a regiones distantes y diferentes a sus lugares de origen como parte de la tortura a que son sometidos y para dificultar su defensa legal y política por parte de abogados, familiares y compañeros de lucha.

Es por lo anterior que planteamos que la serie de ataques que recientemente hemos vivido contra el nivel de vida del pueblo, los terribles aumentos a los precios de productos centrales para la dieta mexicana como es la tortilla y en general el maíz, la dinámica para aprovechar el viaje y adelantar nuevas agresiones a la soberanía alimentaria como las condiciones establecidas en el TLCAN en el terreno agropecuario y la introducción de transgénicos, así como otras agresiones que se vienen como parte del intento de imponer el resto de “reformas estructurales” neoliberales, todo esto es resultado de la imposición de un gobierno fraudulento y usurpador. Responde a una decisión política de la derecha que para asegurar la continuidad del neoliberalismo, como lo evidencian estas agresiones a la economía popular en los primeros dos meses de la llegada de Felipe Calderón al gobierno, decidió hacer a un lado el derecho democrático a elegir a los gobernantes. Es decir, estamos frente a un problema político fundamental y no simplemente a la necesidad de luchar por la defensa del nivel de vida de los trabajadores frente a políticas antipopulares.

No se puede eludir esta definición política. Es parte de la latinoamericanización de la vida política que estamos viviendo en México, así como en otros países la lucha contra el neoliberalismo ha tirado presidentes en los últimos cinco años. El reto en México es más claro pues se trata de un gobierno no simplemente con una política antipopular, sino instalado por medios antidemocráticos, es decir por medio del fraude.

Por eso pensamos que no se trata de codificar simplemente una larga lista de demandas y reclamos inmediatos para defender el nivel de vida del pueblo, sino engarzar estas demandas con un eje central que le de coherencia política y que es la lucha contra este gobierno de derecha y usurpador responsable de estas políticas.

El eje político es la lucha contra el gobierno usurpador.

El Programa Mínimo No Negociable, aprobado en Querétaro durante el segundo Diálogo Nacional sigue siendo una referencia fundamental para una propuesta alternativa al neoliberalismo. Lo que es necesario hoy es unir este programa alternativo con el eje político de lucha por la salida del gobierno de Felipe Calderón.

Pese a la represión en Oaxaca el movimiento no está derrotado, ni hemos empezado un periodo de reflujo, como para generalizar una política que se adapta a trabajar nuevamente en el marco de las instituciones como si el 2006 no hubiera existido o el impulso de esa lucha se hubiera acabado y el llamado a mandar “al diablo estas instituciones” como hasta López Obrador planteó o como la APPO embrionariamente mostró en una práctica de desarrollo de instituciones alternativas que llevó a varios a hablar de “ la Comuna de Oaxaca”, como si todo eso fuera parte de un lejano pasado. El nuevo escenario no es a partir de la ridícula toma de posesión de Calderón el 1 de diciembre; el nuevo escenario es el abierto después de julio del 2006 con la lucha masiva –con las mayores movilizaciones de nuestra historia- contra el fraude y con la heroica resistencia del pueblo oaxaqueño y su experiencia de formas embrionarias de poder popular que continuarán todavía como ya anuncian los Triquis en San Juan Copala. Este nuevo escenario de lucha no se ha cerrado todavía y sería un error volver al trabajo en el marco institucional como si nada hubiera ocurrido y estuviéramos obligados a buscar una negociación con la derecha en su terreno y sus condiciones o en posponer –en realidad abandonar- la lucha contra el gobierno usurpador con la ilusión de que la revancha será en el 2009 o en el 2012 y por lo tanto prepararnos con candidaturas “con respaldo social” para las siguientes 14 elecciones como anuncian dirigentes del PRD. Y no solamente hacerlo en el marco de estas instituciones que ya demostraron su compromiso con la antidemocracia, sino con una política de “oposición” confusa y sin principios, para decir lo menos, como la que se anunció en Yucatán por parte del PRD, aunque después haya reculado por la presión social..

El PRD y el FAP insisten en esta visión institucionalista de prácticamente aceptar la imposición de Calderón, como si el movimiento ya hubiere sido derrotado, y prepararse para la revancha exclusivamente en el terreno electoral. Sería otra cosa si fuera una táctica realmente combinada y subordinada a la movilización y organización popular como la ha estado discutiendo la APPO después de la derrota del intento priísta de ampliar el periodo de gobierno y legislativo, pero que ahora obliga a elecciones locales en agosto.

La unidad y el IV Diálogo Nacional.

La presión desde abajo para que se forje una amplia unidad de movimientos como la CND que encabeza López Obrador, la APPO , “la otra campaña” que encabeza el EZLN, la lucha por la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos tanto de Oaxaca como de Atenco, tuvo una expresión y una posibilidad importantes en el IV Diálogo Nacional celebrado entre el 3 y 5 de febrero. Antes del Diálogo Nacional ha habido pronunciamientos unitarios pero no han sido suficientes. No es suficiente un mitin en el Hemiciclo donde López Obrador exprese su solidaridad con la APPO o que el Sub Marcos convoque desde Ciudad Juárez a un paro nacional y protesta internacional en solidaridad con la APPO para el pasado 20 de noviembre o su convocatoria para el 22 de diciembre con mayor repercusión fuera de México que acá.

Con motivo del alza a los precios, especialmente, a la tortilla, ha habido una importante reacción de otro actor político que ha expresado resistencia al neoliberalismo estos años: el movimiento sindical. Las manifestaciones del 31 de enero expresaron, con tensiones y contradicciones, una confluencia práctica entre las organizaciones sindicales, campesinas y populares por un lado y por el otro el movimiento de la CND encabezado por López Obrador (AMLO). En el caso de la Ciudad de México la participación y movilización del SME fue determinante. Bajo su iniciativa incluso sectores priístas como un contingente de la CNC encabezado por su dirección nacional participaron en la movilización, aunque la CTM y el Congreso del Trabajo inventaron pretextos para rehuir su participación, misma que busca y requiere la base trabajadora. En esta importante movilización nuevamente se expresa la tensión entre la vía institucionalista y la rupturista o consecuentemente opositora al régimen. En el pronunciamiento único que se leyó en el Zócalo y que generó tanta polémica en los días previos para asegurar que no hubiera más de un orador, en realidad para que no hablara AMLO, se expresa por supuesto una oposición a la política económica neoliberal pero se elude señalar la responsabilidad del gobierno usurpador y se propone un nuevo “pacto social” que en ese contexto político debe entenderse como un pacto que incluye al gobierno de Felipe Calderón. Es decir se trata de negociar, de arrancarle si se quiere un término más radical, algunas concesiones, conquistas en la defensa del nivel de vida del pueblo, pero en la práctica reconociéndolo, dándole legitimidad y abandonando la perspectiva de desconocerlo o de apoyar al “gobierno legítimo”.

Unirse en una perspectiva de lucha política contra el gobierno de Calderón no quiere decir subordinarse a una táctica electoral del PRD o de AMLO, como argumentó en días pasados la CTM para justificar hipócritamente no convocar a la marcha del miércoles 31 de enero contra el alza de precios. Proponemos sí una definición política: contra el gobierno usurpador. Pero no se trata de política electoral, como dice la CTM al afirmar que se “politiza” el movimiento. Aunque pensamos que la posición de AMLO y la CND de instalar un “gobierno legítimo” refuerza y mantiene la lucha contra el gobierno usurpador no proponemos que necesariamente el eje político de unidad de este amplio movimiento sea el apoyo al “gobierno legítimo”, sino la lucha contra el gobierno usurpador. En ese marco que sí es efectivamente político pensamos que es más fácil lograr la unidad más amplia de todos los que pensamos que la nueva ola neoliberal es responsabilidad y evidencia de este gobierno usurpador y que no es suficiente luchar demanda por demanda social y económica, sino unir éstas en la lucha por la salida de Felipe Calderón y su gobierno espurio pues de otra manera aunque pueda haber triunfos parciales no cambiaremos la dinámica principal. No se trata de que el gobierno de Felipe Calderón “atienda” nuestros reclamos como dijo después de la marcha del miércoles 31, sino que ese gobierno se vaya. Obviamente la salida de un gobierno como éste plantea la vigencia de la lucha por un nuevo Constituyente y una nueva Constitución como plantea el Programa Mínimo No Negociable, pero no solamente pues es una perspectiva reconocida también tanto por la CND como por “la otra campaña”.

En ese contexto es que el IV Diálogo Nacional ha sido una importante oportunidad parea labrar una mayor unidad. Ha sido también escenario, especialmente en sus conclusiones, de las tensiones entre las dos perspectivas. Aunque la convocatoria comprometía a más de 600 organizaciones, la propuesta institucionalista no se hizo presente abiertamente en las discusiones (se rumoraba, por ejemplo, que el FAP llegaría a proponer abiertamente la participación electoral por su conducto en las siguientes 14 elecciones locales en la perspectiva del 2009 y 2012) y las relatorías de lo discutido en las mesas de trabajo generalmente eran de oposición radical al gobierno Calderón.

En la declaración final se habla de “restituir la legalidad constitucional” pero no se plantea abiertamente la lucha por la salida del gobierno de Felipe Calderón. Se plantea también el concepto de “pacto social”, aunque en este caso no dirigido hacia el gobierno pero sí en un pacto que piensa o incluya a los institucionalistas y otros sectores que quieren luchar contra las políticas antipopulares de Calderón pero que no quieren plantear una definición política contra el gobierno. Es un pacto que piensa incluirles pero que son sectores que están representados como sombra pues de hecho no se hicieron presentes en el mismo Diálogo. En la tensión entre las dos perspectivas, sin embargo, la declaración recoge propuestas y métodos correctamente orientados en una perspectiva de lucha que deben ser apoyados.

“Nos proponemos trabajar juntos para crear las condiciones para el surgimiento de un nuevo gobierno emanado verdadera y democráticamente del pueblo” dice la declaración del Diálogo Nacional, entre otros compromisos expresados y una plataforma de lucha para lo cual se propone una marcha nacional el 8 de marzo por los derechos de la mujer, educación pública y salarios constitucionales, se pronuncia por una consulta nacional por la soberanía popular, referendo de revocación de mandato y la vigencia de la Constitución de 1917, convoca a la marcha del 1 de mayo (que se entiende como binacional por la experiencia de la movilización de latinos en EU el año pasado) y a un paro nacional y toma de carreteras federales por la soberanía popular y la vigencia constitucional para el 2 de mayo. La propuesta como se presentó en las mesas del Diálogo es consecuente con la lucha contra el gobierno usurpador pues abiertamente plantea recurrir a un referendo presidencial revocatorio y conciente de que una iniciativa de esta naturaleza sería inaceptable por la mayoría PAN-PRI en el Congreso de la Unión, propone organizarlo desde la sociedad civil. Se entiende, en consecuencia, como otra medida de movilización y organización social más allá de las instituciones decadentes y cuestionadas por el movimiento de masas de estos meses (como el IFE) y como “la última salida pacífica a la crisis que provocaron la defraudación electoral y la imposición de Calderón” (Gilberto López y Rivas: “Por un referendo presidencial revocatorio” en La Jornada del 9 de febrero de 2007). Consecuentemente el plan de acción incluye el llamado a un paro nacional para el 2 de mayo. Tareas todas éstas por las que hay que trabajar intensamente ahora buscando convencer a otros movimientos que no participaron en el IV Diálogo Nacional.

No hay derrota, la lucha continúa.

El movimiento y el impulso del 2006 no ha sido derrotado ni se ha acabado.

El movimiento contra el fraude electoral y por la CND no conoció nunca la represión; López Obrador tiene el mérito de haber logrado conducir indemne el movimiento en varios momentos en que el riesgo estuvo presente. En Oaxaca –como antes en Atenco- sí ha habido una represión brutal que ha colocado al movimiento en la posición defensiva de tener que priorizar la lucha por la libertad de los presos y presentación de desaparecidos. Pese a este retroceso y a las dificultades para expresarse en la capital oaxaqueña, el movimiento resurge en otros municipios alimentado por la experiencia de meses de plantones en la capital oaxaqueña y del país sostenidos por contingentes de diversas regiones de Oaxaca.

El riesgo principal para el desarrollo del movimiento es la perspectiva institucionalista que actúa como si hubiera ya una derrota definitiva y un reflujo en el movimiento que obligara a buscar ese camino abandonando la movilización de masas, queriendo regresar a las masas a la casa y a contemplar el debate institucional por la televisión. La perspectiva institucionalista parte de un análisis pesimista de la situación pero que es un análisis no objetivo sino de una predicción largamente anunciada, es decir un análisis de una realidad que se quiere construir, para la que se trabaja. Aún así la presión social de un movimiento que continúa resistiendo obliga a que la dinámica institucionalista también retroceda como cuando el PRD da marcha atrás con la candidatura de Ana Rosa Payán en Yucatán,.

El principal problema es que hay un fuerte movimiento social y de masas que tiene expresiones distintas y transcurre por caminos paralelos. Esta falta de unidad contra el gobierno de la derecha usurpadora le ha permitido golpear y enfrentar a cada uno por separado. No basta ya el mitin de cada uno por separado diciendo que se solidariza con el otro. Se requiere de un acuerdo explícito de unidad en la acción, no simplemente por las demandas particulares de cada quien, sino contra el gobierno usurpador de Felipe Calderón y por la salida también del gobierno de Ulises Ruiz, así como por la libertad de todos los presos políticos y la presentación de desaparecidos. Un acuerdo en la lógica de un frente único. Es decir de un frente entre diferentes que reconoce y respeta las diferencias y la autonomía de cada organización. No se trata de un llamado a la unidad con una visión hegemonista que dice unidad pero bajo mis condiciones o en mi organización. Que no queda en una declaración de cada quien por separado, sino en un acuerdo unitario explícito.

México, D. F., febrero de 2007

*Dirigente del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Artículo publicado en el periódico Bandera Socialista, órgano del PRT.

www.unidad.org.mx | unidad.mexico@gmail.com