El incremento salarial a los mínimos es una burla para los trabajadores: Bertha Elena Luján

amlo.org.mx / 21-12-2006

• El aumento de 3.9% condena a millones de mexicanos al hambre y la pobreza
• Se ha registrado en 24 años una reducción de 75% del poder adquisitivo del salario
• El Gobierno Legítimo propone la recuperación del poder de compra para lograr justicia social y crecimiento económico

Con el pretexto de “contener la inflación, atraer inversión extranjera y generar empleos”, el gobierno espurio, aliado al sector patronal y contando con el “voto razonado” del sector obrero, impuso un incremento a los salarios mínimos generales en las tres zonas geográficas del país del 3.9 por ciento, el cual es abiertamente anticonstitucional, afirma la Secretaria del Trabajo del Gobierno Legítimo, Bertha Elena Luján Uranga.

Explica la Secretaria que ese aumento es anticonstitucional porque resulta totalmente insuficiente para garantizar la satisfacción de las necesidades más elementales de los trabajadores y sus familias.

Los incrementos a la gasolina, gas y leche Liconsa de los últimos días, con el consiguiente impacto generalizado en los precios, absorbieron ya el dicho aumento salarial, precisa.

Señala que, con ese aumento, el presidente espurio exhibe lo que será la columna vertebral de su política económica: apretar más el cinturón a los que menos tienen y seguir favoreciendo a la cúpula empresarial, que gracias a esta política se ha encumbrado al sector de los más ricos del mundo. “Tendremos más de lo mismo”, apunta Luján Uranga.

Añade que, a pesar de los datos duros que evidencian resultados sociales y económicos desastrosos para el país, se insiste en mantener una estrategia de continuidad, lo que llevaría a la profundización de los problemas actuales, que son:

- Pérdida del 75% del poder adquisitivo del salario.
- Decrecimiento real de la economía (medido en PIB por habitante) de 0.58% como tasa media anual.
- 50 millones de mexicanos debajo del límite de pobreza.
- El desplome de la inversión extranjera en el sexenio pasado.
- El crecimiento desmedido del empleo informal (39% de la PEA en 2000).
- El aumento de la migración (uno de cada cinco mexicanos trabaja en Estados Unidos).
- Y la pérdida de empleos formales (disminución del 5% de los puestos formales en el último sexenio. Solo dos de cada cinco personas en edad de trabajar laboran en el sector formal).

La Secretaria del Trabajo indica que en este caso ni siquiera fueron tomadas en cuenta las recientes recomendaciones de los funcionarios de instituciones internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), en el sentido de realizar cambios que corrigieran la terrible desigualdad existente, situación que coloca a México en los peores niveles del mundo.

Tampoco contaron los resultados alentadores, reseñados por la Organización Internacional del Trabajo en su último informe anual, obtenidos por países latinoamericanos como Argentina, Uruguay o Brasil, quienes pusieron precisamente la recuperación del salario real como palanca de desarrollo, agrega.

Con gran cinismo —subraya Bertha Elena Luján— los llamados representantes de los sectores productivos del país que conforman la Comisión Nacional de Salarios Mínimos justificaron el aumento como “un voto razonado” en favor del presidente ilegítimo.

Pero, denuncia, evaden el hecho de que con esta medida se provoca la profundización de los problemas que se dice querer resolver, es decir, la migración, el desempleo, el empleo precario, la delincuencia y la inseguridad.

Luján Uranga enfatiza que, en cambio, el Gobierno Legítimo propone una política económica alternativa que tenga como centro la recuperación del poder de compra de la población, a fin de lograr justicia social y también crecimiento económico.

Con el aumento paulatino y permanente del salario real se potencia el mercado interno, del que depende la mayoría de las empresas del país, convirtiendo el incremento salarial en factor decisivo para el crecimiento económico y la creación de empleos, detalla.

Este objetivo, añade, debe partir de una decisión del Estado que se plantee la redistribución del ingreso para atacar las desigualdades sociales.

Asimismo, afirma que la política de recuperación salarial debe tomar en cuenta tres factores: La productividad por rama de industria y región, la inflación promedio entre la real obtenida el año anterior y la esperada, así como un porcentaje como política pública.

Con eso se garantizaría que el trabajador no pierda capacidad de compra y se enfrentarían los riesgos inflacionarios, puntualiza.

Y completa que organizaciones sindicales libres y democráticas son el factor adicional que aseguraría una negociación salarial entre los factores de la producción transparente y legítima.

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