Neoliberalismo económico en América Latina y nueva izquierda

LAURA JUÁREZ SÁNCHEZ* / "Trabajadores" / Universidad Obrera de México

América Latina se subordina al neoliberalismo económico

La crisis de la deuda externa en América Latina fue aprovechada por los organismos financieros internacionales, por el gobierno de Estados Unidos y por los dirigentes de las Grandes Empresas Trasnacionales (GET), para imponer las políticas económicas neoliberales a los países de la región que pedían ayuda financiera. Las medidas resumidas en el llamado Consenso de Washington incluyen los “equilibrios macroeconómicos”, en particular, el control inflacionario, presupuestal y de comercio exterior, así como la apertura del comercio exterior, del sistema financiero y de la inversión extranjera; la privatización de las empresas públicas; la desregulación de las actividades económicas; las reformas fiscales y legislaciones que protejan el derecho de propiedad. Estas medidas tenían como propósito impulsar el crecimiento hacia afuera, acorde a los intereses de las GET de base nacional y extranjera, que a través de la Inversión Extranjera Directa (IED) y del fomento del sector exportador relacionado con las maquiladoras, la industria automotriz, la agroindustria, las telecomunicaciones, el sector energético (petróleo, gas y electricidad), el agua y el sistema financiero, entre los más importantes, implicó la apropiación de los sectores estratégicos de las naciones y la pérdida de soberanía.

En este contexto, los trabajadores fueron concebidos como costos de producción, por lo que se impusieron políticas de bajos salarios y de restricción de derechos laborales para abaratar el costo del factor trabajo y poder ofrecerlo como una ventaja comparativa frente a la competencia externa y como elemento determinante para atraer IED.

A más de dos décadas y media de neoliberalismo económico, el modelo de crecimiento hacia afuera se agota produciendo la exclusión de los trabajadores del campo y la ciudad, ocasionando una enorme desigualdad social y la pérdida de la soberanía de las naciones sobre sus recursos estratégicos y sobre su política interna y externa. Ante este panorama surge en la región una nueva izquierda que, a diferencia de la vieja, no plantea el establecimiento del sistema socialista, sino la oposición al neoliberalismo económico con el fin de rescatar su soberanía y sus recursos naturales para impulsar el desarrollo económico y social, ante el crecimiento alarmante de la pobreza y el descontento social.

Se agota el modelo de crecimiento hacia afuera

El modelo económico basado en el impulso del sector exportador y en la recepción de IED en Latinoamérica tiende a agotarse debido a que las bases sobre las cuáles se sustenta se desgastan. Analicemos las principales contradicciones y debilidades del modelo de crecimiento hacia afuera:

I. América Latina no pudo lograr un crecimiento económico sostenido: la economía latinoamericana generó en los últimos once años (1995-2005) una tasa de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 2.7%. Los puntos más críticos de estancamiento se registraron en 1999, con 0.4%; en 2001, con 0.3% y en 2002, con -0.8 por ciento.

II. La región no pudo lograr que el sector exportador financiara sus importaciones. No obstante el crecimiento del sector exportador y la abrupta apertura comercial experimentada en la zona, la mayoría de las naciones del subcontinente registran déficit en su balanza comercial, ello debido a que el sector exportador requiere de elevadas importaciones de bienes de consumo y de capital. Entre 1997 y 2003, el subcontinente registró en promedio anual un déficit en su balanza comercial de 14 mil 848 millones de dólares. Esto significa que el sector exportador no cambió el viejo problema estructural de la región referido a la insuficiencia permanente de divisas. Es importante subrayar que siendo México el mayor exportador de América Latina y el que más tratados comerciales ha firmado con el exterior, muestra el mayor déficit comercial de la zona para el mismo período al registrar 8 mil 811 millones de dólares; el segundo lugar lo ocupó Brasil, con 3 mil 867 millones de dólares, y en tercer sitio Guatemala, con mil 930 millones de dólares.[1] El que México sea una potencia exportadora no significa que el país haya sido capaz de financiar sus propias importaciones, por lo que no pudo obtener un ingreso neto de divisas.

III. Se desploma la entrada de IED en la región. Entre 2000 y 2005, disminuyó la recepción de IED en 31.9%, al pasar de 70 mil 308 millones de dólares a 47 mil 886 millones de dólares. En Argentina cayó 63.2%, al pasar de 9 mil 517 millones de dólares a 3 mil 500 millones de dólares en el mismo período; en Brasil se redujo 58.8%, al pasar de 30 mil 498 millones de dólares a 12 mil 550 millones de dólares, y en México bajó 32.4%, al pasar de 17 mil 588 millones de dólares a 11 mil 884 millones de dólares.[2] Esta realidad es reconocida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que afirma que el período de los flujos abundantes y fáciles de IED en América Latina y el Caribe llegó a su fin, debido a que la década del 2000 se caracteriza por la desaceleración económica a nivel mundial, con la consiguiente caída de la IED, y a causa de que más países compiten por menores montos disponibles. Además, apunta que la región pierde atractivo debido a que la época de las privatizaciones comienza a agotarse.[3]

IV. La competitividad basada en el deterioro salarial y en la restricción de los derechos laborales de los trabajadores con el propósito de abaratar los costos de las empresas y darle competitividad a la economía latinoamericana, junto con la cercanía geográfica, los incentivos fiscales, el escaso control sobre las empresas altamente contaminantes, entre las ventajas comparativas más importantes que ofrece la región a la IED, tienden a desaparecer frente a la creciente competencia externa, particularmente de China, la India y Singapur. Un claro ejemplo es la crisis del sector maquilador en la zona: cientos de empresas maquiladoras de México y Centroamérica han salido rumbo al continente asiático. Según datos del investigador Bossio Rotondo,[4] para fines de 2000, en Centroamérica se perdieron entre 10.7% y 14.1% de los empleos existentes en la maquila. Detalla que en Costa Rica hasta mediados de octubre de 2001 se habían perdido 4,000 puestos de trabajo; en Guatemala, entre 11,000 y 15,000; en Honduras, 16,000, y en Nicaragua, 1,500. En el caso de las maquiladoras mexicanas, el empleo no se ha podido recuperar debido a que entre octubre de 2000 y mayo de 2006 se perdieron 129 mil 756 puestos de trabajo.[5] La propia CEPAL reconoce que las políticas basadas en salarios bajos e incentivos fiscales, no han demostrado ser sostenibles frente a la creciente competencia del continente asiático.[6]

Exclusión de los trabajadores del campo y la ciudad y pobreza.

Las políticas económicas neoliberales que impulsaron el crecimiento del sector externo en el subcontinente, fueron incapaces de impulsar el desarrollo social en la región debido a que excluyen a los trabajadores del campo y la ciudad latinoamericanos, revisemos sus mecanismos:

I. Excluyen a los trabajadores de la ciudad mediante: 1) La contención salarial y la precarización general del trabajo que tiene el fin de abaratar los costos de las empresas; 2) Por el desempleo creciente, producido por un estancamiento económico crónico derivado de la disminución del mercado interno que el deterioro salarial produce; por las restricciones monetarias y fiscales que disminuyen la inflación y el déficit público, pero frenan la inversión productiva; por la severa apertura comercial que pone en severa crisis a los productores agrícolas y a las pequeñas y medianas empresas manufactureras; 3) Por la cancelación progresiva de los derechos sociales de los trabajadores, ocasionada por la política social que da prioridad a los equilibrios macroeconómicos y por la privatización mediante la descapitalización deliberada de los servicios de seguridad social, vivienda, cultura y educación, entre otros; y debido a que disminuye y focaliza los derechos sociales a la población que vive en extrema pobreza, dejando de lado la concepción universal de los derechos sociales.

II. También relega a los trabajadores del campo como productores de alimentos para la población y de insumos para la industria, y le resta importancia a la economía campesina como generadora de empleos e ingresos que permiten el arraigo de la población rural en sus comunidades de origen. Lo anterior debido a que América Latina se subordinó a la Nueva División Internacional del Trabajo (NDIT) impuesta por las GET agroalimentarias de los países desarrollados, consistente en la especialización de la producción de cultivos para la exportación, tales como hortalizas, frutas, azúcar y flores, en menoscabo de la producción de alimentos para su población, con la consiguiente pérdida de su autosuficiencia alimentaria.[7] Los países de América Latina y el Caribe que carecen de autosuficiencia alimentaria por ser importadores netos de alimentos (países cuyo saldo de la balanza comercial de alimentos es negativa), y que tienen además déficit en su balanza de pagos que dificulta la importación de comestibles, según la Organización de Estados Americanos (OEA), son: Barbados, Trinidad y Tobago, Grenada, Antillas Neerlandesas, Antigua Barbuda, Jamaica, Venezuela, México, República Dominicana, El Salvador, Colombia, Bolivia, Honduras, Guatemala, Cuba, Perú, Ecuador y Guyana, entre otros.[8]

La exclusión de los trabajadores del campo y de la ciudad, a más de dos décadas y media de neoliberalismo económico en la región, generó una creciente marginación social en las áreas urbanas y rurales, que se traduce en el aumento de la pobreza e indigencia en la región. Con base en datos de la CEPAL publicados en su estudio Panorama Social de América Latina 2001 y 2006, encontramos que la pobreza en el subcontinente aumenta progresivamente desde las década de los ochenta: entre 1980 y el 2005 la pobreza aumentó 51.8% a nivel regional, al pasar de 198.3 millones de personas a 301 millones. Esto significa que después de dos décadas y media de neoliberalismo económico se agregaron 102.7 millones de nuevos pobres en la región. Esta cifra incluye a 77.1 millones de personas pobres no indigentes y a 25.6 millones de indigentes. Sólo para el año 2005, el número de pobres se elevó a 301 millones, la cantidad incluye a 213 millones de pobres no indigentes y 88 millones de indigentes.[9]

El aumento de la pobreza en el subcontinente pone en evidencia la crisis del campo y de los mercados laborales prevalecientes en la región. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce, por ejemplo, que en América Latina existen 93 millones de empleados urbanos con déficit de trabajo decente, el cual se relaciona con una oferta de plazas insuficientes, protección social inadecuada y la violación de los derechos sociales de los trabajadores.[10]

Respecto al problema del desempleo crónico en la región, la depresión de los mercados internos que la continuidad de las políticas estabilizadoras generan, el lento crecimiento de la economía mundial y los menores flujos de IED, que mantienen un bajísimo crecimiento de la economía de América Latina (de 2.7% en promedio anual entre 1995 y 2005), producen elevadas tasas de desempleo abierto (TDA): en 2005, según datos de la CEPAL, la TDA en la región fue de 9.1%; es importante destacar que este indicador es incluso mayor que el observado en la crisis de la deuda externa, el cual fue de 8.4% en 1983.
Los países de América Latina que se ubicaron con la TDA más elevada en 2005 fueron: República Dominicana, con 18%; Colombia con 14%; Panamá y Venezuela, con 12%; Jamaica y Bolivia, con 11%; Brasil, con 9.8% y Argentina con 9.1 por ciento.

Contrariamente, México registró la TDA más baja con 4.7%, sin embargo, es el mayor exportador de mano de obra en el mundo, observa un crecimiento explosivo de su economía informal que la OIT ubica en 25.5 millones de personas[11] y es el país que mayor deterioro salarial registra en Latinoamérica. ¿Cómo explican los gobiernos de México esta tremenda paradoja? Consideramos que el cálculo del desempleo está subestimado. Tan sólo mencionemos que el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), que es el organismo encargado de calcular la TDA, considera como empleados a todas aquellas personas que realizaron alguna actividad económica, cualquiera que ésta sea (en la economía formal o informal), por lo menos durante una hora a la semana, asalariada o no, o que reciba pago en especie, lo que le permite obtener una TDA bajísima.[12]

Respecto al crecimiento del sector informal, la OIT refiere que la participación de este sector en el empleo no agrícola se ubicó en Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú con cerca de 60%, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay se registró el 41.8%, 41.6% y el 37.7%, respectivamente.[13]

Tocante al deterioro de los salarios mínimos, tomando como base 1990, Uruguay es el país de América Latina que más drásticamente redujo el salario mínimo de una lista de 17 naciones, ya que registró una pérdida del 53%; en segundo lugar tenemos a México, que disminuyó los mínimos en 29.7%; en tercer lugar se encuentra Venezuela, con 23.4%; en cuarto lugar El Salvador, con 18.9% y, en quinto lugar, Paraguay, con 7.5%. Las naciones que observaron recuperación salarial fueron: Bolivia, con 176.1%; Argentina, con 155.1%; Chile, con 91.7%, y Brasil, con 64.9 por ciento.[14]

La exclusión económica y social de la población latinoamericana les niega el derecho a quedarse en su tierra, obligándolos a emigrar hacia el norte desarrollado, cambiando los patrones migratorios del subcontinente: disminuyen las migraciones entre países en la región y aumentan hacia otras zonas del mundo, principalmente a Estados Unidos. A la histórica emigración de mexicanos y caribeños hacia la Unión Americana, en los últimos decenios se agregó la de centroamericanos y sudamericanos. La OIT estimó que en 2001, alrededor de 18 millones de migrantes latinoamericanos residían en territorio estadounidense, 840 mil en España, 622 mil en Canadá y 328 mil en el Reino Unido. Estados Unidos concentra el 87% de los emigrantes del subcontinente.[15]

La dispersión de la población de América Latina hacia el exterior, resultado de la pobreza rural y urbana en la región, ha producido países como México, que es una nación de migración masiva y estructural que terminó por diseminar a su población entre México y la Unión Americana, convirtiendo al país en un pueblo binacional: en 2003 vivían en el país del norte cerca de 26.7 millones de personas de origen mexicano, lo que representó que la cuarta parte de los nacionales estuvieran fuera del país, si consideramos que en ese año la población total de la República se ubicó en 104.2 millones de personas.[16]

Los éxodos masivos de la región no permiten aprovechar la capacidad laboral de su población joven, llamada también bono demográfico por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual llegará a su máximo histórico en el lapso 2020-2030.[17] En tanto, los países de Latinoamérica contribuyen al poderío económico de las naciones del norte al transferirle uno de los principales activos de sus economías: su población en edad productiva, en un contexto en el que su población envejece.[18]

Las crisis económicas, políticas y sociales, resultado de las políticas económicas en América Latina, completamente subordinadas a los organismos financieros internacionales, al gobierno de Estados Unidos y a las GET, produjeron una exclusión económica y social inéditas en la zona; la destitución de cuatro presidentes seguidos como en el caso de Argentina; la privatización y mercantilización de los recursos estratégicos de los países; la dependencia alimentaria de países que antes eran autosuficientes alimentariamente y exportadores de comestibles, como en el caso de México; la degradación del medio ambiente; la destrucción de encadenamientos productivos construidos durante décadas y el exilio de la población por motivos económicos, entre los impactos más importantes. También han generado innumerables movimientos sociales en la región que se oponen a las políticas neoliberales, algunos de los cuales se configuraron en apoyo de gobiernos progresistas o de izquierda que los llevaron, incluso, al poder, conformando una nueva realidad geopolítica en Latinoamérica.
Irrupción de los nuevos gobiernos de izquierda

El siglo XXI no sólo trajo el desgaste y agotamiento del modelo económico neoliberal, también produjo la aparición de movimientos sociales contrarios al neoliberalismo económico excluyente y depredador, que permitieron deslegitimar ese modelo y sirvieron de impulso a nuevos gobiernos de izquierda, dentro de los que se encuentra Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia, los cuales intentan rescatar su soberanía y sus recursos naturales para impulsar el desarrollo económico y social, y aspiran integrarse regionalmente en proyectos como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), opuesto a las inequidades del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC-AN) y del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), liderados por Estados Unidos.

Mientras México profundiza su relación de dependencia con la Unión Americana al firmar un tratado comercial totalmente desventajoso que lo llevó a depender del 53.4% de sus importaciones, del 85.7% de sus exportaciones y del 62.6% de la captación de su IED, lo que significa ser más dependiente de sus ciclos económicos y estar más dominado por sus GET que avanzan en el control de su sector energético, su biodiversidad, sus recursos acuíferos y su sistema financiero; los nuevos gobiernos de izquierda del sur del continente, no obstante sus titubeos, intentan oponerse al neoliberalismo económico, son más independientes de los gobiernos estadounidenses y de los organismos internacionales, y ponen en el centro de sus objetivos la recuperación de sus recursos naturales y áreas estratégicas como instrumentos de desarrollo nacional y justicia social, mediante la aspiración de una integración regional solidaria.

No obstante que México tiene más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos y que los flujos migratorios de los mexicanos a esa nación lo convirtieron en un país binacional; el país, tarde o temprano, tendrá que mirar al sur del continente porque forma parte de la región cultural de América Latina, por su lengua, origen, historia, identidad y realidad socioeconómica.

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* Investigadora de la UOM.

Notas

1 Arroyo Picard, Alberto, “México en el TLCAN en el contexto Latinoamericano y Caribeño”, RMALC. Ver página de Internet: www.rmalc.org.mx.
2 Cálculos propios con información de la CEPAL, Estudio económico. 2005-2006, Santiago de Chile, 2006.
3 CEPAL, Estudio económico 2002-2003. América Latina y el Caribe. Situación y Perspectivas, Santiago de Chile, 2003.
4 Bossio Rotondo, J.C., “Crisis y reestructuración de la maquila de exportación”, revista trabajadores, UOM, México, n. 31, julio-agosto, 2002.
5 Cálculos propios basados en datos del INEGI.
6 CEPAL, Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. Informe 2002, Santiago de Chile, 2002.
7 Rubio, Blanca, “Los años noventa: la emergencia de la fase agroalimentaria global”, ponencia presentada en el XXI Seminario Internacional de Economía Agrícola del Tercer Mundo, IIEC-UNAM, octubre de 2001.
8 Organización de Estados Americanos, IIICA, Seguridad alimentaria en las Américas (1986-1998).
9 Ver CEPAL, Panorama social de América Latina 2000-2001, y CEPAL, Panorama social de América Latina 2005, Santiago de Chile.
10 OIT, Panorama Laboral 2002. América Latina y el Caribe. Lima, 2002.
11 OIT, Conferencia internacional del trabajo 90ª reunión 2002. El trabajo decente y la economía informal, Ginebra, Suiza, 2002, p. 145.
12 Ver INEGI, “Encuesta nacional de ocupación y empleo 2005. Una nueva encuesta para México”. Consultar página de Internet: www.inegi.gob.mx.
13 OIT, Panorama laboral 2005. América Latina y el Caribe, Lima, 2005.
14 Cálculos propios elaborados con datos de la OIT tomados de Panorama laboral 2005. América Latina y el Caribe, Lima, 2005.
15 Ibid., p. 42.
16 Cálculo propio estimado con datos del CONAPO.
17 ONU-UNFPA, Estado de la población mundial 2004, New York, 2004.
18 Ver ONU, International Migration Report 2002, New York, 2002.

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