México y la sombra de un narcoestado

Por Carlos Fazio*, E-Mail: serviex@prensa-latina.cu

México (PL).- Con el paso de los días ha ido quedando claro que la espectacular "Operación Conjunta Michoacán", ordenada por Felipe Calderón para contener la ola de violencia y desarticular las bandas del crimen organizado en su estado natal, constituyó una medida de corte propagandístico que busca conferirle legitimidad al nuevo presidente de México.

La violencia vinculada a la criminalidad es un problema estructural en México. Y como dice el alemán Hans Magnus Enzensberger, "tan pronto como la criminalidad se organiza, se convierte, tendenciosamente, en un Estado dentro del Estado".

Más allá de los sobornos generalizados, la categoría más baja de la corrupción, en México existen cada vez más evidencias que involucran de manera directa a funcionarios gubernamentales, gobernadores, políticos, banqueros, empresarios, jueces, jefes militares y policiales con las redes criminales.

Ese involucramiento abarca desde la "protección" a los cárteles que se dedican al tráfico de drogas hasta la participación en las mafias del tráfico de armas, el robo de autos y la industria del secuestro, así como en la logística misma del negocio criminal.

Los casos del ex "zar" antidrogas general Jesús Gutiérrez Rebollo y del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, ambos presos y sentenciados por brindar "protección" al Cártel de Juárez, son muy elocuentes.

Como en otros países de la región, el análisis de la gran corrupción e impunidad de las estructuras públicas en México demuestra la simbiosis entre el ejercicio del poder del Estado y la ilegalidad.

Pero en el caso mexicano, existe, históricamente, una relación de subordinación de los agentes del crimen organizado con respecto al poder político.

Se parte de la base de que el crimen organizado ha sido controlado y administrado por las autoridades políticas y por una élite de poder que son "los verdaderos amos del negocio".

El investigador Luis Astorga, de la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM), refuta la tesis de un "poder paralelo" enfrentado al del Estado, en un país de centralismo político y presidencialismo exacerbado. Astorga habla de una estructura de poder "al interior mismo del Estado".

Ante el resquebrajamiento del antiguo régimen controlado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se mantuvo 71 años en el poder, y en un escenario donde las viejas prácticas de control ya no funcionan, las mafias y organizaciones criminales que formaron parte de la llamada "familia revolucionaria" en un juego de equilibrios, acuerdos y complicidades, cobraron autonomía y multiplicaron su poder.

El desgaste del viejo modelo se hizo evidente durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-94), período en el que se produjeron tres crímenes de Estado: los del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, el del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y el del ex presidente de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu.

Pero se hizo más notorio durante los mandatos constitucionales de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, períodos en los que se registró una violencia generalizada en todo el país.

Una suerte de "colombianización" que exhibe que no se ha podido disciplinar o conciliar con los jefes de los distintos clanes o familias que controlan el negocio. Es decir, que no se ha podido consolidar el antiguo pacto mafioso.

La enmarañada red de intereses económicos, muchos de los cuales son de claro origen ilegal; el mantenimiento de una estructura de poder en la que los negocios se van conjugando con el poder político y la existencia de redes delincuenciales que los facilitan dentro de los organismos de seguridad del Estado, lleva a pensar en la conformación de un "Estado dentro de otro Estado", con leyes y funcionamiento propios, cuya tendencia es reemplazar al propio Estado.

Se suman a ello la proverbial corrupción del sistema político mexicano, el funcionamiento de una justicia dependiente y complaciente hacia el poder y un Congreso dominado por una cultura clientelista.

A contracorriente de las teorías que afirman que México "ya está en la democracia" u otras que postulan "el inicio de una transición a la democracia", existe en México la posibilidad real de una involución.

En el contexto de una región en vías de democratización, esas tendencias presentan todavía otro dilema: ¿Cómo un país con una tradición democrática tan débil, podrá enfrentar las amenazas de organizaciones criminales transnacionales sin sucumbir ante las tentaciones autoritarias de nuevo tipo?

De allí que más bien se piense en una suerte de transición, de signo regresivo, desde el antiguo régimen paternalista, caciquil y corporativista (el viejo Estado benefactor a la mexicana) hacia un nuevo Estado punitivo de características mafiosas o delincuenciales.

Tales conductas o comportamientos mafiosos se basan en el uso de la violencia física, que muchas veces llega al asesinato; en la amenaza de la aplicación de la violencia al margen de las atribuciones coercitivas propias de los órganos del Estado, y en la utilización de "leyes no escritas" que guardan cierta similitud con códigos de conducta rígidos, del tipo de la "omertá" siciliana.

De allí que las mafias criminales no sean un fenómeno aislado de la sociedad o una "conspiración" de maleantes en un Estado limpio, sino más bien una especie de empresa, de carácter ilegal, con un pie bien implantado en los sectores cruciales de la sociedad y del Estado: el mundo financiero, los negocios, el aparato judicial, los cuerpos de seguridad y hasta la clase política.

Desde hace varios años se discute si México se ha convertido en un "narcoestado" o "Estado mafioso".

Algunos especialistas abonan la idea de que existe una clara subordinación de las mafias con respecto al poder político.

Se habla de tres niveles. En el primero estarían los capos del narco, como "operadores" que trafican y venden la droga. Un segundo nivel sería el de sus "protectores" en la policía, el ejército y las instancias de procuración de justicia.

El tercero sería el de los dueños del negocio, actores con gran poder económico y político que son quienes controlan el crimen organizado.

En ese modelo, el sistema de crimen organizado es llamado a respaldar a la oligarquía. El control y la iniciación vienen desde arriba, desde quienes ostentan el denominado poder legítimo y sus agentes de control social.

Los capos de la droga, como buenas vacas lecheras, son protegidos, se les ordeña y cuando ya no sirven, se les mete a la cárcel o se les manda a la carnicería.

En esa lógica interna del poder, donde lo legal y lo ilegal se mezclan de manera estrecha, ciertas preguntas siguen apuntando hacia la tesis del narcoestado.

¿Es posible mantener el control del poder enfrentando esos intereses y sin involucrarse? ¿Es concebible que quienes detentan el poder económico renuncien a esos fabulosos negocios y, por tanto, los dejen en manos de desconocidos?

En ese sentido, se piensa que la guerra de mafias durante el zedillismo y el foxismo ha derivado en la ruptura de la antigua regulación de los pactos interoligárquicos.

El viejo modelo de dominación cleptocrático, basado en las conexiones oligopólicas y monopólicas con el clientelismo político se agotó, y ante la desestabilización del país provocada por las pugnas intermafias, la plutocracia tomó el poder de manera directa.

En ese contexto, es previsible que la actual ola de violencia en México, incluida la ejecución de un primo de la primera dama, Margarita Zabala, en los primeros días del sexenio de Calderón, tenga que ver con el interés de quienes controlan el narcopoder por alcanzar un nuevo "pacto" corleonano.

Frente a tal situación, operativos militares como el de Michoacán resultarán ineficaces y alimentarán la incredulidad de una sociedad que ya está harta de tanta violencia criminal.

*El autor es Colaborador de Prensa Latina.

www.unidad.org.mx | unidad.mexico@gmail.com