Calderón y la guerra contra el hampa

Por Carlos Fazio*, E-Mail: serviex@prensa-latina.cu / 21-12-2006

En una de sus primeras acciones de gobierno, el presidente de México, Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado.

Como muestra de su decisión de gobernar con "mano firme", Calderón ordenó recientemente el envío de siete mil efectivos del Ejército, la Marina de Guerra y policías federales al estado de Michoacán, donde los cárteles de la droga mantienen una cruenta pugna por el control territorial, con un saldo superior a los 500 asesinatos este año.

La denominada "Operación Conjunta Michoacán" tiene como propósito declarado erradicar plantaciones de enervantes, sellar costas y carreteras utilizadas por los narcotraficantes como "rutas" para el trasiego de sustancias ilícitas, ejecutar cateos y órdenes de aprehensión pendientes, desmantelar puntos de venta de drogas y, en general, "recuperar los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado" al Estado.

Durante 2006 la violencia asociada al crimen organizado y el narcotráfico ha ocasionado en México más de dos mil asesinatos, un promedio de seis muertes violentas diarias y una cifra indefinida de secuestrados y desaparecidos. Un número de víctimas similar a las de un conflicto bélico.

Equiparable, por ejemplo, a la de los soldados de Estados Unidos muertos tras la invasión a Iraq.

La elección de Michoacán como punto de partida de la guerra de Calderón contra el hampa no es fortuita. Las 520 ejecuciones en ese estado, un 25% del total en el país, son fiel reflejo de la guerra de los cárteles por el control del territorio.

En los últimos años, Michoacán se ha convertido en el centro del desembarco de cocaína sudamericana, de siembra de amapola para producir heroína y de producción masiva de una droga sintética conocida como "ice" (cristal o hielo).

Según las autoridades, la plaza es disputada por el cártel del Golfo, que presuntamente dirige desde la cárcel Osiel Cárdenas Guillén, y el cártel del Milenio, comandado por los hermanos Valencia.

Una nueva modalidad sanguinaria en esta guerra entre grupos rivales son las decapitaciones.

El 6 de septiembre pasado, hombres armados arrojaron las cabezas de cinco personas en el bar Sol y Sombra de Uruapan, Michoacán, y dejaron un mensaje: "La Familia no mata por paga. No mata mujeres. No mata inocentes. Sólo muere quien debe morir. Sépanlo toda la gente. Esto es justicia divina".

Sería la segunda acción de ese tipo de una organización autodenominada "La Familia Michoacana", que no sólo firma sus crímenes, sino que incluso ha sacado desplegados en periódicos locales, donde se reivindica como un grupo de vengadores con sentido social, inspirado por Dios, que busca "poner orden" por "amor a la patria".

De acuerdo con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, desde el 18 de agosto pasado, cuando comenzó a operar, ese grupo de sicarios ha sido responsable de 30 ejecuciones en el estado, 17 de ellas mediante decapitación.

Según la SIEDO, "La Familia" está integrada por miembros de un brazo armado del cártel del Golfo llamado "Los Zetas", compuesto en su mayoría por ex militares.

Es en ese contexto de narcoterror, aderezado por caravanas de vehículos con vidrios polarizados que transportan comandos de sicarios en "labores" de patrullaje, lo que se combina con "cobros por protección" al estilo de la mafia, que el presidente Calderón ha decidido actuar con mano dura en Michoacán.

La nueva "estrategia integral" tiene como antecedente el "Operativo México Seguro" que implementó en junio de 2005 el entonces presidente Vicente Fox para detener la ola de asesinatos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero que fue ampliamente criticado por los excesos represivos, violaciones a los derechos humanos y la falta de resultados.

En el espectacular operativo en Michoacán, estado gobernado por Lázaro Cárdenas Batel, del opositor Partido de la Revolución Democrática, participan cuatro mil 260 efectivos del Ejército, apoyados por perros, vehículos terrestres y 46 aeronaves; mil 54 infantes de Marina, arma que aporta además nueve helicópteros, dos aviones con cámaras de detección nocturna y cuatro lanchas patrulleras, y mil 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

A pocos días de iniciado el operativo es muy pronto para evaluar resultados. No obstante, a partir de la gran exhibición de fuerzas, el nuevo plan oficial ha sido criticado como un acto "mediático-político" del presidente Calderón, quien estaría intentando transmitir una imagen de firmeza para legitimarse en el cargo.

Se ha dicho, por ejemplo, que es posible que toda la parafernalia militar desplegada logre inhibir por un tiempo a la delincuencia organizada en Michoacán, el tiempo que dure la presencia de las fuerzas del orden allí, y que incluso los grupos criminales opten por desplazarse a otros estados.

Pero ese "efecto cucaracha" mueve la delincuencia de un lugar a otro, pero no la erradica.

Sin duda, el control por parte de la delincuencia organizada de regiones enteras del territorio mexicano es un fenómeno complejo, cuyas raíces deben buscarse en las fracturas sociales y políticas ahondadas pos más de dos décadas de políticas económicas neoliberales, con sus secuelas de desempleo, hambre, marginación, desintegración y carencias educativas.

En ese contexto, mientras no se empiece por la solución local de los problemas sociales e institucionales que propician la delincuencia, incluidos una depuración y saneamiento a fondo de los cuerpos policiales y aquellas instancias encargadas de la procuración de justicia, una respuesta como la actual estará destinada a combatir los síntomas, pero no la enfermedad.

Vista así, la "Operación Conjunta Michoacán" constituiría una respuesta insuficiente, superficial y de efectos pasajeros.

En ese escenario, como ocurrió antes con la "Operación México Seguro", estaríamos ante una aparatosa incursión de tipo militar, que deja la impresión de que se está actuando con firmeza, pero que, dado su aplicación temporal, una vez que termine, es previsible que la criminalidad recupere las plazas abandonadas y la violencia reaparezca.

*El autor es Colaborador de Prensa Latina.

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