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FELIPE CALDERÓN, ESE POLÍTICO DESPRECIABLE
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo / 30-01-2007
Felipe Calderón, quien se ostenta como Presidente de México,
en su gira europea ha evidenciado lo que es: un político despreciable.
Suena fuerte, pero lo anterior no lo digo con ligereza ni constituye un
exceso verbal; responde estrictamente al sentimiento que con su conducta
promueve. He aquí ocho razones que sustentan lo dicho:
1. Rogar a los dueños del capital financiero y corporativo internacional,
como Calderón lo ha hecho, que vengan a invertir a nuestro país,
con la promesa de que tendrán todas las garantías del mundo,
merece el repudio de todo mexicano patriota. Porque es un hecho probado
por la historia, que las inversiones extranjeras directas no controladas
ni condicionadas son, hoy en día, la principal causa de pérdida
de la independencia y soberanía de una nación como la nuestra.
Son el equivalente a lo que, en siglos pasados, era la ocupación
del territorio de un país por soldados extranjeros. Por eso, los
llamados de Calderón se pueden equiparar al que hicieran, en otro
funesto momento de la historia, aquellos personajes de triste memoria,
Juan N. Almonte, José María Gutiérrez de Estrada
y José Manuel Hidalgo y Esnaurrízar -también conservadores,
por cierto- al gobierno de Napoleón III de Francia, para que enviara
sus tropas a invadir a México para implantar un monarca también
traído del exterior: Maximiliano de Habsburgo.
2. Al prometer a los capitalistas internacionales que aquí estarán
a salvo de las expropiaciones, Calderón pretende negar el derecho
de los mexicanos de rescatar para la nación recursos que legítimamente
le corresponden, como quedó plasmado en la Constitución,
en su artículo 27, que dice: "La nación tendrá
en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades
que dicte el interés publico" y que "las expropiaciones...
podrán hacerse por causa de utilidad pública". Su pretensión
de cancelar ese derecho fundamental no puede merecer otra cosa que el
desprecio del pueblo.
3. Reiteradamente se ha referido de manera despectiva a las expropiaciones,
tratando de descalificarlas, con lo que ofende la conciencia patriótica
y la memoria histórica de los mexicanos, que nos sentimos profundamente
orgullosos de haber recuperado para el patrimonio nacional la Industria
Petrolera, en 1938, y la de la Industria Eléctrica, en 1960, entre
muchas otras de las riquezas fundamentales de México, y que sentaron
las bases para que el país pudiera avanzar hacia un desarrollo
con independencia y progreso social. Porque nacionalizar, a fin de cuentas,
es un acto patriótico por su esencia que conlleva rescatar a la
Patria. Bien lo dijo Lombardo Toledano: "Nacionalizar es descolonizar".
Y por el contrario, privatizar la economía pública y promover
las inversiones extranjeras sin condiciones, como lo hace Calderón,
equivale a convertir a la nación en una neocolonia del imperialismo.
4. Calderón miente de manera deshonesta cuando vincula al "libre
mercado" con el porvenir y a la intervención del Estado en
la economía con el pasado. El orden es el inverso, por cuanto a
su temporalidad. Nada más viejo que la teoría del libre
mercado, que fue acuñada en el siglo XVI, en tiempos de Adam Smith.
Fue al haber fracasado históricamente el capitalismo de libre mercado,
cuando surgió la necesidad de la intervención del Estado
en la economía.
5. Miente otra vez cuando culpa a las expropiaciones y nacionalizaciones,
de la pobreza de nuestros pueblos. Está probado ampliamente que
ha sido al revés, las privatizaciones y el conjunto de las políticas
neoliberales son las que han estrechado el crecimiento económico
durante los veinticinco años que llevan de estarse aplicando en
México y en general en América Latina, además de
haber causado la concentración de la riqueza en pocas manos, las
de unos cuantos magnates, a costa de la miseria y la desesperanza de millones
de hombres y mujeres. En síntesis: el neoliberalismo canceló
el desarrollo de nuestros pueblos. Y Calderón lo promueve...
6. Sin que venga al caso, aprovecha todos los foros para ofender a pueblos
y gobiernos hermanos, latinoamericanos, que al rescatar sus riquezas por
la vía de las nacionalizaciones, no hacen otra cosa que ejercer
su derecho soberano a la autodeterminación. Al actuar así,
es evidente que lo hace con el fin de congraciarse con los poderosos,
y esto lo lleva a entrometerse en asuntos que sólo competen a esos
pueblos, conducta opuesta a la que nuestro pueblo ha propugnado a lo largo
de su historia y que se concreta en el apotegma de Juárez: "Entre
los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es
la paz".
7. Sus alusiones a "dictaduras personales", dirigidas a los
mandatarios de pueblos hermanos, constituyen actos de irresponsabilidad,
cobardía y falta de ética. Es irresponsable que un gobernante,
el que sea, pretenda calificar a otros, de países distintos, como
lo hace Calderón, porque de ese modo atropella el derecho internacional
y vulnera un principio que es caro a todos los pueblos del mundo y particularmente
al mexicano, que una y cien veces derramó su sangre para consagrarlo:
el derecho a la no intervención. El hecho de que recurra a un lenguaje
ambiguo al hablar de tales "dictaduras", sin ponerles nombre
y apellido, lo demuestra como un individuo cobarde, que tira la piedra
y esconde la mano. Y es claro que miente, una vez más, cuando califica
como "dictaduras personales" a gobiernos a los que sólo
puede envidiar su esencia democrática, de la que Calderón
carece.
8. Más allá de las diferencias menores, de estilo, Felipe
Calderón actúa, en las cuestiones de fondo, de manera idéntica
a como lo hacía Vicente Fox: como siervo del imperialismo. ¿Acaso
se puede esperar otra cosa de un militante de la derecha, cuyas raíces
están en el nazifascismo de los años treintas del siglo
pasado?
En conclusión: un personaje como Calderón, embustero, bravucón,
deshonesto y servil, y para colmo, llegado al puesto con malas artes,
¿puede merecer, acaso, consideración y respeto? Es claro
que no; se trata de un político despreciable. Nada más y
nada menos.
Ciudad de México, a 30 de enero de 2007.
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