México - La crítica de las armas

Prensa Latina / 25-11-2006

En el marco de una transición gubernamental inédita en la historia contemporánea de México, con una presidencia débil, la de Vicente Fox, que ha generado grandes vacíos de poder, y un presidente electo, Felipe Calderón, que para un amplio sector de la población es producto de un fraude electoral y por tanto está deslegitimado, la violencia parece ser el signo de los tiempos.

Violencia institucional, violencia del crimen organizado, violencia guerrillera.

Esta última se manifestó en sendas acciones de propaganda armada

el pasado 6 de noviembre. Ese día, en la madrugada, una serie de bombazos sacudieron al Distrito Federal y parecieron enviar un explícito mensaje a Felipe Calderón, quien se apresta a asumir la presidencia de la República el próximo 1 de diciembre.

"Esto apenas empieza", sería el mensaje de bienvenida cifrado de las cinco organizaciones clandestinas que asumieron la autoría de los atentados.

Los bombazos, consumados con artefactos explosivos de alto poder, de manufactura casera, estallaron en la sede del Tribunal Electoral, un banco y en el local central del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin duda, tres blancos simbólicos: la institución que legitimó el fraude en los pasados comicios del 2 de julio; un exponente de la banca comercial extranjerizada, articulada con la oligarquía local y símbolo del saqueo económico a que ha sido sometido el país en los últimos años, y el viejo partido de Estado, el PRI, hoy en la oposición, conocido por sus prácticas autoritarias y gansteriles, perpetuadas en la actualidad por el gobernador Ulises Ruiz, quien ha desatado en su contra un amplio movimiento de resistencia civil pacífica agrupado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Las acciones armadas, anunciadas con anterioridad, fueron asumidas por una nueva coordinadora guerrillera integrada por el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, la Tendencia Democrática

Revolucionaria-Ejército del Pueblo, la Organización Insurgente 1 de Mayo, la Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre y las Brigadas Populares de Liberación.

Tras una breve confusión inicial, producto de declaraciones de diversas fuerzas políticas y "expertos" que atribuyeron los bombazos a "actos de provocación" provenientes de instancias gubernamentales (el Ejército o los servicios de inteligencia) o grupos de ultraderecha que intentaban desestabilizar al país para justificar el empleo de la "mano dura" y legitimar la acción represiva del Estado contra las fuerzas sociales emergentes, no quedó duda sobre el origen de las acciones.

El propio secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, identificó a los autores de las acciones de "propaganda armada" como grupos que se escindieron del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), organizaciones que irrumpieron a la luz pública en 1996, en Aguas Blancas, Guerrero.

Medina Mora dijo a los medios que por su modus operandi y la manufactura de las bombas se trata de los mismos grupos que, con diferentes denominaciones, se escindieron del EPR-PROCUP y han venido operando a lo largo del sexenio de Vicente Fox.

El funcionario gubernamental definió las acciones como propaganda armada porque, dijo, no tuvieron "el propósito de causar daño indiscriminado entre la población civil", sino de "llamar la atención y provocar zozobra".

Según el comunicado guerrillero, su accionar político militar responde al "compromiso asumido" y a "la convicción de replicar con la violencia revolucionaria la violencia reaccionaria desatada por los señores del poder y del dinero, y a la certeza de que la clerigalla fascista no entiende otras razones que no sean las de la fuerza social multitudinaria, la autodefensa popular y la indignación armada".

La coordinadora anunció que seguirá actuando mientras permanezcan en el territorio de Oaxaca las "fuerzas federales de ocupación" (en alusión a la Policía Federal Preventiva, cuerpo militarizado de alcance nacional); mientras Ulises Ruíz Ortiz permanezca oficialmente al frente del gobierno oaxaqueño y siga siendo respaldado por el gobierno panista, y mientras las fuerzas represivas federales y locales sigan reprimiendo al pueblo para acallar su protesta y someterlo.

Advirtieron, asimismo, que dirigirán su accionar político-militar contra las 40 principales empresas nacionales y transnacionales asentadas en el país, así como contra las instituciones políticas y gubernamentales que "financiaron y operaron el fraude de Estado", y "se encuentran detrás de la violencia institucionalizada neoliberal desatada contra el pueblo en lucha y sus organizaciones sociales".

La existencia de lo que se ha dado en llamar "la tercera generación de grupos armados" en México no es un dato nuevo.

Las guerrillas existen y son resultado de procesos endógenos que responden a la realidad del país. La mayoría tiene expresión rural y han hecho de la autodefensa el centro de su accionar. Saben moverse en la clandestinidad y, por regla general, no practican el terrorismo. Es decir, no atacan a la población civil.

El dato es incontrastable: la crítica de las armas se está haciendo oír en un México sumido en una profunda crisis estructural. Ante tal circunstancia, el más preocupado debería ser Felipe Calderón, pues los bombazos no son solamente la bienvenida que le están dando los grupos armados, sino un reflejo de la compleja situación que enfrentará como jefe del Ejecutivo y que difícilmente podrá resolver.

*El autor es Colaborador de Prensa Latina.

lam/cf

www.unidad.org.mx | unidad.mexico@gmail.com