¿Democracia mediática? No, gracias

Juan Campos / Unidad

Las pasadas elecciones presidenciales constituyen un hecho inédito en la historia moderna del país. Por primera vez en nuestra historia será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el encargado de resolver si las elecciones son válidas y, en su caso, a quien corresponde la titularidad del Poder Ejecutivo federal.

El problema no es menor, sobre todo si entendemos que el escenario postelectoral está enmarcado en una creciente confrontación entre los principales actores políticos y por acciones que generan reacciones encontradas en diversos sectores de la sociedad, particularmente de la capital del país.

El Tribunal Electoral tendrá que escoger una de las diversas posibilidades de solución que los analistas estiman posibles y probables, aunque, en una escenario tan complejo y contradictorio como el actual probablemente nos sorprendan con otra que pudiera resultar de la combinación de algunas de las probables o con algo verdaderamente novedoso en la materia.

Hasta el momento los escenarios que los especialistas consideran posibles son los siguientes:

1. Que el TEPJF deseche las solicitudes de contar nuevamente los votos en las miles de casillas en las que se denuncian irregularidades y también la solicitud de declarar nula la elección por la llamada “causa abstracta”, es decir, por un conjunto de actos que generaron efectos que si bien no pueden ser comprobados numéricamente en el conteo de votos, casilla por casilla, si influyeron en los resultados electorales. En este caso estaría la intromisión indebida de Vicente Fox durante el proceso; la utilización, por parte del Ejecutivo federal, de programas sociales para beneficiar al partido en el gobierno, y la inequidad en materia de medios, entre otras causas.

Si el TEPJF asumiera una postura como la señalada, estaría generando, en el imaginario de millones de mexicanos, algo parecido a la decisión de Carlos Salinas, ejecutada por los diputados del PRI y del PAN de la LIV Legislatura de la Cámara de Diputados federal, de quemar los paquetes que contenían los votos de la elección de 1988 que habría ganado Cuauhtémoc Cárdenas. El resultado de tal decisión sería otorgar el triunfo a Felipe Calderón; pero contribuyendo a consolidar una imagen presidencial débil, ilegítima y fraudulenta.

2. Un segundo escenario sería que el TEPJF abriera un determinado número de paquetes, una muestra, para que a partir de los resultados obtenidos tomara una decisión. Con ello estaría respondiendo, en parte, a la demanda de la coalición Por el bien de Todos; pero demostrando que no fue sujeto de las presiones generadas por las movilizaciones populares.

El riesgo de esta otra decisión sería que de la muestra, que tendría que ser representativa, saliera a relucir que es alto el número de irregularidades y que de seguir por esa vía tendría que reconocerse que: o bien hay irregularidades en el 20 % o más de las casillas, lo que debiera llevar a anular la elección, o que López Obrador fue el triunfador en el proceso. Este escenario plantearía más dudas que soluciones y, por tanto, parece más riesgoso. Además, evidenciaría la incapacidad y/o complicidad del Instituto Federal Electoral en los resultados electorales fraudulentos, lo que incrementaría la desconfianza de los ciudadanos en dicha institución.

3. Un tercer y último escenario consistiría en decidir que, en aras de la trasparencia y legalidad electorales, lo mejor sería contar todos los votos de todas las casillas y, en función de los resultados, decidir quien es el ganador de la elección.

Tal escenario, en principio, parecería resolver todas las dudas de los principales grupos, partidos y candidatos, ya que si bien es la demanda central y exclusiva de la coalición que postuló a López Obrador, no es rechazada tajantemente por el candidato del PAN, sino que la condiciona a que sea una decisión del Tribunal.

Sin embargo, ahondando un poco más en las expresiones de ambos contendientes, todavía se corre el riesgo de que una vez contados nuevamente los votos y tomada la decisión correspondiente, si López Obrador es derrotado podría no reconocer la decisión del Tribunal y continuar con su plan de movilizaciones y plantones en contra de los resultados. Si, por el contrario, el Tribunal declara que hay nuevo ganador podría generar, en Felipe Calderón y su partido, una reacción negativa apoyada en el argumento, que no han dejado de esgrimir, de que si bien acatarían el fallo del Tribunal este tendría que estar apegado a derecho y, para ellos, la decisión de contar nuevamente los votos no estaría fundada en la ley.

Como se ve, el asunto es complejo y delicado. Una decisión, que si bien podría no dejar contento a nadie pero que abriría nuevos espacios para la solución, sería declarar nulas las elecciones presidenciales y dejar que sea la nueva legislatura la encargada, en su momento, de designar un presidente interino que convocara, como establece la Constitución, a una nueva elección presidencial.

Finalmente, tendríamos que preguntarnos si ha llegado el momento de exigir modificaciones al marco legal electoral que propicia contiendas marcadas por la desigualdad y el fraude electoral, basadas en excesivos gastos de campaña; en el uso desmedido de los medios de comunicación, que se apropian de gran parte del dinero público destinado a las campañas electorales, para diseñar un nuevo sistema electoral y de partidos que a la vez que propicie una oferta ideológica y programatica amplia y plural, evite el registro de partidos-negocio que están al servicio de familias o grupos vinculados al poder económico y político del país.

Necesitamos un marco legal adecuado para que los procesos permitan reflejar la pluralidad de percepciones e intereses existentes en el país y no uno como el actual en el que diversas opciones, que no tienen grandes diferencias entre sí, se disputan y comparten el gobierno.

Si los futuros procesos se siguen realizando como en la actualidad los resultados esperados serán: un abstencionismo creciente, una desconfianza cada vez mayor en las instituciones responsables de la organización de los procesos y una decepción también creciente ante la incongruencia de los discursos políticos de campaña y las acciones de gobierno.

Lo que se requiere es retomar el contenido respecto de la democracia contenido en nuestra Constitución para que además de contar con una democracia que nos permita sin fraudes elegir a los candidatos de nuestras preferencias, lograr que el gobierno contribuya a elevar las condiciones de vida, económicas, políticas, sociales y culturales de los mexicanos lo que requiere no solamente condenar al neoliberalismo sino adoptar un proyecto que proteja nuestros principales recursos y las empresas que los explotan de las ambiciones del imperialismo, que evite que prosperen las llamadas reformas estructurales que favorecen a los intereses del capital financiero internacional y a los de un sector minoritario de nuestro país, y haga del gobierno un instrumento al servicio de las causas nacionales y populares.

Mientras eso sucede los mexicanos tendremos que conformarnos con esta democracia mediática que por ahora tiene tintes de telenovela.

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