Hoy, cuando está por cumplirse el segundo aniversario de nuestra Declaración del Zócalo, después de realizar varias movilizaciones, ejercer acciones de presión política y acudir a innumerables reuniones con la representació n del gobierno federal; denunciamos que el Poder Ejecutivo continúa evadiendo su responsabilidad, por lo que no ha dado respuestas concretas a nuestros planteamientos y que, las decisiones que ha tomado en materia de política económica, lejos de resolver los problemas de fondo, asociados con la crisis, profundizan la difícil situación que afrontan desde hace varios años los trabajadores del campo y ciudad, quienes, como consecuencia de lo anterior se han visto afectados por la crisis en su empleo, ingresos y bienestar social.
Reiteramos que la alternativa para enfrentar los retos derivados de la crisis global, así como los fuertes rezagos de nuestra economía, requiere de una transformació n urgente de la política económica, en la que la revitalizació n del mercado interno mediante la promoción del empleo digno con salario remunerador, para que se convierta en el eje de las políticas públicas, y garantice un desarrollo nacional bajo condiciones de equidad, justicia y soberanía.  Como consecuencia de la aplicación en las políticas monetaristas y de libre mercado, el país se encontraba en una situación particularmente vulnerable ante la inminencia de la crisis que se venía gestando desde hace varios años. En ello incidían la evidente incapacidad política, la subordinación ante los lineamientos impuestas desde los organismos financieros internacionales,  así como la falta de previsión del gobierno federal, que se apoyaba en la idea de que la contingencia económica era simplemente una turbulencia momentánea, que provenía del exterior y que podría conjurarse por medio de algunos ajustes pequeños, siempre que se mantuvieran y profundizaran la disciplina fiscal y las reformas estructurales neoliberales. El llamado Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, no es un verdadero Pacto o Acuerdo Nacional, sino un programa gubernamental ortodoxo y excluyente, que se olvida de los más pobres de la ciudad y el campo y no se aparta de los principios neoliberales, no aborda aspectos como el de la política fiscal, financiera, monetaria y bancaria, catalizadoras del desarrollo, por lo que podemos afirmar que, con este programa no se resuelve el verdadero trasfondo de la crisis, ya que el gobierno federal se limita a introducir medidas que son insuficientes en unos casos y tardías en otros, para atenuar los efectos de la misma. Son medidas que se enfocan, en su mayoría, a respaldar a los empresarios y que provienen de otros programas de gobierno que ya estaban en ejecución.  Este programa gubernamental soslaya algunos de los temas sociales más importantes asociados con la crisis, como: la urgente renegociación del Capítulo Agropecuario del TLCAN y la necesidad de modificar e incrementar el llamado Objetivo Mínimo para la producción de maíz. Cuyo monto actual (2,100 pesos por tonelada del maíz), no alcanza para cubrir los costos de producción por lo que deja fuera del mercado a la mayor parte de los productores nacionales. Es necesario, por otra parte, aplicar un factor de ajuste con base en el maíz, para el resto de los productos agrícolas elegibles, de manera que no se desaliente la producción nacional de granos básicos, ni se afecte, en consecuencia, la soberanía alimentaria. Otros problemas relevantes que no considera el proyecto del gobierno federal son: el impacto del alza en los precios de los combustibles en el sector primario de la economía, así como las pérdidas sufridas por los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados a las AFORES, la venta de cartera vencida por el INFONAVIT, el problema de las tasas de interés bancaria, particularmente de las tarjetas de crédito, el desempleo y el descenso del poder de compra de los salarios.  Con base en lo anterior, convocamos a todas las expresiones campesinas, sindicales, civiles, ciudadanas, al pueblo en general y a toda la sociedad mexicana agraviada por la actual política gubernamental a participar en la Jornada Nacional de Lucha del 26 al 30 de enero, en la que haremos una magna movilización de la Columna de la Independencia al Zócalo de la ciudad de México y simultáneamente en las plazas públicas de los Estados. Para impulsar el cambio de rumbo económico y político del país, se requiere construir con la participación plural de la sociedad una política económica alternativa con un Estado de legalidad y de derecho, laico, capaz de garantizar la seguridad económica, laboral, patrimonial, certeza jurídica, así como la justicia social, la equidad, el bienestar y seguridad social, el pleno ejercicio de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. Este proyecto de Nación que presentaremos ante los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo además de la CONAGO, contendrá diversas políticas de Estado de fomento a la industria, al desarrollo agropecuario, a la generación de empleo con plenos derechos tanto en la ciudad como en el campo; la educación y el desarrollo tecnológico, formarán parte de una estrategia global para retomar el crecimiento económico y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y funcionará como palanca para reactivar la actividad económica.  Para construir esta alternativa, se requiere de un gran acuerdo nacional, NO CORPORATIVO, plural y democrático de todos los sectores sociales; un acuerdo sustentado en la autonomía de las organizaciones sociales, que siente las bases de un nuevo régimen político de democracia participativa y que garantice la integración de la sociedad en la formulación y ejecución de las políticas públicas. POR UN PROYECTO DE NACIÓN ALTERNATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano (FSM),  Movimiento Nacional Los de Abajo.