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| Cancelar de inmediato el TLCAN: Diálogo Nacional |
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H. Congreso de la Unión,Comisión Permanente:At’n: Comisión Agraria del Congreso de la Unión Las organizaciones campesinas abajo firmantes, todas ellas integrantes del Diálogo Nacional, nos dirigimos al H. Congreso de la Unión así como a cada uno de los legisladores que integran las Cámaras de Diputados y de Senadores, para exigirles que procedan de inmediato, a tramitar la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte suscrito por México, Estados Unidos y Canadá el 17 de diciembre de 1992, durante el auspicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el cual entró en vigor a partir del 1 de enero de 1994. Las razones por las que planteamos dicha exigencia están a la vista. Durante los 14 años de existencia del TLCAN, el desempleo, la emigración, la destrucción de las actividades agrícolas, la concentración y acumulación de la riqueza, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y la extrema pobreza en México han crecido de manera alarmante. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en su último informe trimestral de agosto de 2007, reconoció que el universo de la desocupación en México es de más de 6 millones 400 mil personas, quienes representan el 13 por ciento de los 49 millones 352 mil mexicanos en condiciones y disponibilidad para trabajar. Durante el sexenio de Vicente Fox emigraron 3 millones 253 mil 663 personas, es decir, un promedio de más de 500 mil por año. Según datos proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en octubre de 2004, el 0.15 por ciento de la población total del país, es decir poco más de 150 mil personas, acumula activos por el equivalente a casi una tercera parte del valor del total de los bienes y servicios producidos en el país. El año pasado, el INEGI informó que la disparidad en la distribución del ingreso es de tal magnitud, que los hogares en el más bajo nivel de ingresos sobreviven en promedio con 86 pesos al día, mientras los de mayor riqueza perciben mil 296 pesos diarios. El fracaso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido tan evidente, que durante la décimo primera Conferencia sobre Comercio y Desarrollo realizado por la UNCTAD en Sao Paulo, Brasil, en junio de 2004, México fue expuesto como el “ejemplo brillante” del fracaso de la política de liberalización y del desequilibrio entre la promesa económica y el logro real del TLCAN, ya que las estrategias de desarrollo no han logrado los resultados prometidos: el crecimiento económico ha sido menos del esperado, hay mayor desempleo y no se han hecho realidad los mejores salarios y la protección social de los cuales se ufanaron los promotores de la globalización, pues el salario real para la mayoría de los trabajadores ha sido menos del que obtenían antes del TLCAN y las pérdidas en el sector de la agricultura han llegado a demostrar que “son los pobres del campo quienes llevan en sus espaldas el peso de los ajustes del acuerdo comercial”. Hace cuatro años, en enero de 2004, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión resolvió solicitar al Senado la revisión de los términos del TLCAN en materia agropecuaria, así como exigir al gobierno de la República que asumiera “sin timideces ni demora” la defensa de los intereses campesinos en cada caso en que son vulnerados en este acuerdo comercial, pues las profundas asimetrías con Estados Unidos y Canadá han acentuado la vulnerabilidad del campo, ya que la contracción de los recursos fiscales consagrados al sector, la caída del gasto federal agropecuario, la carencia de crédito, el abultamiento de las carteras vencidas, el retiro de subsidios y de precios de garantía, el alto costo del capital, la alineación de los precios de los granos al mercado internacional y el desmantelamiento de las instituciones públicas de apoyo al campo, han expuesto a los campesinos mexicanos a una competencia desigual que ha venido ahondando su pobreza y desintegrando el tejido social en el agro mexicano. El resolutivo adoptado hace tres años por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el sentido de revisar el TLCAN en materia agropecuaria, señaló que “en términos económicos, el TLCAN ha resultado brutalmente desfavorable para el sector agropecuario”, pues “a 10 años de su vigencia la balanza comercial de granos, oleaginosas y pecuaria, donde participan todos los productores del campo, arroja un déficit de 17 mil millones de dólares” y “de los 4 millones de productores rurales existentes, sólo menos de 250 mil producen excedentes comercializables; el 10 por ciento de los más ricos acapara el 34 por ciento del ingreso rural, mientras el 10 por ciento más pobre apenas obtiene el 2 por ciento”, concluyendo que “el 80 por ciento de la población del campo vive en la pobreza”. Sin embargo, a 3 años de este acuerdo el actual gobierno federal encabezado por Felipe Calderón ha resuelto, una y otra vez, que no se revisará ni se modificará el capitulo agropecuario del TLCAN, por lo que reiteramos, una vez más, que el TLCAN debe ser derogado, pues no compartimos la opinión de que simplemente modificando las reglas de operación del mismo pueda resolverse o aminorarse la prolongada crisis agraria nacional y mucho menos la problemática que viven la gran mayoría de los campesinos mexicanos. Sostenemos que una verdadera solución a la crisis del campo mexicano, implica necesariamente sustituir el modelo económico neoliberal que se le ha impuesto desde hace 25 años, por uno nuevo basado en el impulso del mercado interno, que respete y fomente la propiedad social de la tierra y que destine un mayor presupuesto federal y estatal para subsidiar las actividades productivas y comerciales de los campesinos pobres y medios. Contrariamente a la política del actual gobierno, reivindicamos como ejes y objetivos de la transformación económica nacional la soberanía y la autosuficiencia alimentarias, pues efectivamente “sin maíz no hay país y sin fríjol tampoco”. En todo este proceso, igualmente es indispensable priorizar el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en el campo para modernizar los procesos de producción agrícolas y sacar al campo mexicano del atraso en que se encuentra; evitar la proliferación de alimentos transgénicos que son y pueden ser nocivos para la salud de todos los mexicanos, y resguardar nuestros recursos naturales -agua, tierra y energéticos- como propiedad de la nación para evitar procesos de apropiación y acaparamiento que beneficien a unos cuantos grupos trasnacionales y familiares y amigos de altos funcionarios en el poder. No es posible hablar de justicia social en el campo sino se resuelven las necesidades económicas, se garantizan los derechos sociales y se resguardan las legítimas tradiciones culturales de millones de indígenas y campesinos mexicanos, por lo que seguimos exigiendo que se eleven a rango constitucional los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y se establezca un sistema de seguridad social para todos ellos. Finalmente, les informamos que en próximas fechas iniciaremos un proceso de lucha colectiva para resolver las necesidades inmediatas de los diferentes grupos campesinos que estamos integrados al Diálogo Nacional, por lo que en su momento les solicitaremos se nos canalice a las instancias y autoridades correspondientes. Sin más por el momento, agradecemos la pronta respuesta a nuestra presente solicitud. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco, Estado de México; Unión Campesina Independiente, Puebla; Coordinación de Lucha Indígena y Popular de Oaxaca. Por la Red de Izquierda Revolucionaria del PRD y el Partido del Trabajo: Tzijib Babij, Chiapas; Unión de Ejidos de Lucha Campesina, Chiapas; Pajal Yakactic, Chiapas; Tzotzilotic, Chiapas; Unión Nacional de Fuerzas Independientes, Chiapas y Puebla; y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Guerrero. Por el Frente Popular “Francisco Villa” México Siglo XXI: Comité de Defensa Ciudadana, Tuxtepec, Oaxaca; Frente de Defensa Popular, Guerrero; Frente de Defensa Popular “Francisco Villa”, Michoacán; Artesanos y Campesinos de San Pedro Tultepec, Estado de México; Comunidad de San Marcos, Malpaso, Chiapas; Unión Popular Morelense, Morelos; y el Sindicato Regional de Trabajadores del Campo “Emiliano Zapata”, Guanajuato. Por la Organización Nacional del Poder Popular: Organización Proletaria “Emiliano Zapata”, Chiapas; Central Unitaria de Trabajadores, Chiapas: Organización Proletaria “Emiliano Zapata” Histórica, Chiapas; Alianza Popular de la Trinitaria, Chiapas; Alianza Popular de Villa de las Rosas, Chiapas; Frente Popular Contra las Privatizaciones, Chiapas; Organización Campesina de la Fraylesca, Chiapas; Organización Campesina de Iztapa, Chiapas; Frente Democrático y Campesino de la Independencia, Chiapas; Confederación Nacional de Productores Mexicanos; Cooperativa Chac-Lol, Yucatán; Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Campeche; y la Organización de Defensa de los Derechos del Pueblo, Axochiapan, Morelos. Por el Frente Popular Revolucionario: Unión de Campesinos Pobres; Organización Campesina “Emiliano Zapata”, Chiapas; y la Central Liberal Campesina, Estado de México; Por el Movimiento Nacional “Aquí Estamos”: Alianza Nacional de Organizaciones Agropecuarias y Cafetaleras AC; Ejido “Emiliano Zapata”, Cuautla, Morelos; y la Unión Campesina Indígena Popular Cuauhtémoc AC, Tantoyuca, Veracruz.
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| Última actualización el Miércoles, 02 de Enero de 2008 05:29 |
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